Fuego amigo
Por: Alberto Donadio
La novísima ley sobre transparencia y acceso a la información viola la Constitución.
Esta indica (art. 74) que los documentos oficiales son siempre públicos, salvo las excepciones que establezca la ley. Es decir, solamente el Congreso por medio de leyes puede crear reserva. Es un poder no delegable. Pero se acaba de autorizar al Gobierno para sopesar, cuando se presente una petición de copias, si “la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información”. La Constitución no permite que el acceso quede a criterio del funcionario. Que éste ponga en un platillo de la balanza el interés público y en el otro el “daño presente” contra otros derechos, es prestar un arma que redundará en un aumento del sigilo.
¿Quiénes cometieron este acceso carnal contra la Constitución? Elizabeth Ungar de Transparencia por Colombia, Rodrigo Uprimny y Vivian Newman de DeJusticia, y dirigentes de otros grupos, patrocinados por las embajadas británica y holandesa. Es fuego amigo y por ende un delito inexplicable, pues esas organizaciones en teoría defienden la transparencia. ¿Por qué expertos inteligentes y con maestrías y doctorados actúan así? ¿Quizá estaban, como solían decir Les Luthiers, “razonando fuera del recipiente”? Partieron de un hecho cierto: que los funcionarios tratan los documentos estatales como si fueran papeles privados y que a los periodistas se les imponen trabas ilegítimas. Y luego se hicieron el hara-kiri, redactando un proyecto de ley que les da a los funcionarios la opción de crear la reserva, caso por caso. Eso sin hablar de los solecismos, pues “daño presente” no es lo mismo que probable, que es algo que puede ocurrir en el futuro.
Ya en el trámite de la ley, los congresistas cometieron estupros y abusos deshonestos contra la Constitución. Quedó consagrado que la reserva legal no puede durar más de 15 años. Pero luego se aclaró que una entidad oficial puede pedir que se amplíe por 15 años más, con el visto bueno “del superior jerárquico de cada una de las ramas del poder público y órganos de control”. Un horror jurídico. La reserva solamente la puede fijar el Congreso, no se puede delegar al Ejecutivo. ¿Quién es el rábula que cree que con la firma de Santos, Corzo, Ordóñez, Montealegre, Morelli y varios magistrados se puede cambiar la Constitución? ¿El mismo papanatas que legisló que los funcionarios responderán las peticiones con “motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa”?
De otra parte, una ley que sus defensores presentan como motivo de goce para los ciudadanos, afirma que “gozan de reserva legal la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales”. Sobre el general Santoyo, pues, censura absoluta.
Otra reserva que no existía y de la cual gozará el Gobierno: “Los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”.
La reserva, dice la nueva ley, “opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia”. Es lo lógico y legal. Pero a renglón seguido, los legisladores añadieron esto: “Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder ... salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”.
¿Para qué seguir? El estupro conduce al estupor.
¿Quiénes cometieron este acceso carnal contra la Constitución? Elizabeth Ungar de Transparencia por Colombia, Rodrigo Uprimny y Vivian Newman de DeJusticia, y dirigentes de otros grupos, patrocinados por las embajadas británica y holandesa. Es fuego amigo y por ende un delito inexplicable, pues esas organizaciones en teoría defienden la transparencia. ¿Por qué expertos inteligentes y con maestrías y doctorados actúan así? ¿Quizá estaban, como solían decir Les Luthiers, “razonando fuera del recipiente”? Partieron de un hecho cierto: que los funcionarios tratan los documentos estatales como si fueran papeles privados y que a los periodistas se les imponen trabas ilegítimas. Y luego se hicieron el hara-kiri, redactando un proyecto de ley que les da a los funcionarios la opción de crear la reserva, caso por caso. Eso sin hablar de los solecismos, pues “daño presente” no es lo mismo que probable, que es algo que puede ocurrir en el futuro.
Ya en el trámite de la ley, los congresistas cometieron estupros y abusos deshonestos contra la Constitución. Quedó consagrado que la reserva legal no puede durar más de 15 años. Pero luego se aclaró que una entidad oficial puede pedir que se amplíe por 15 años más, con el visto bueno “del superior jerárquico de cada una de las ramas del poder público y órganos de control”. Un horror jurídico. La reserva solamente la puede fijar el Congreso, no se puede delegar al Ejecutivo. ¿Quién es el rábula que cree que con la firma de Santos, Corzo, Ordóñez, Montealegre, Morelli y varios magistrados se puede cambiar la Constitución? ¿El mismo papanatas que legisló que los funcionarios responderán las peticiones con “motivación honesta, leal y desprovista de cualquier intención dolosa o culposa”?
De otra parte, una ley que sus defensores presentan como motivo de goce para los ciudadanos, afirma que “gozan de reserva legal la información, documentos, bases de datos y contratos relacionados con defensa y seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales”. Sobre el general Santoyo, pues, censura absoluta.
Otra reserva que no existía y de la cual gozará el Gobierno: “Los documentos que contengan las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”.
La reserva, dice la nueva ley, “opera respecto del contenido de un documento público pero no de su existencia”. Es lo lógico y legal. Pero a renglón seguido, los legisladores añadieron esto: “Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra o no en su poder ... salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener acceso a la información”.
¿Para qué seguir? El estupro conduce al estupor.
July 6th, 2012 
Julio Flórez Pacheco 
